Reforma constitucional

por E. Vázquez

La Constitución de 1978 ha funcionado razonablemente bien, pero problemas, mayoritariamente, de tipo organizativo, hacen aconsejable reflexionar sobre la oportunidad de proceder a la reforma de algunos apartados del texto constitucional.

Objetivos centrales de una posible reforma constitucional deberían ser: la corrección de las desigualdades, hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento de todas las Instituciones del Estado, perfeccionar su organización territorial.

Y es obvio: que la incorporación de España a la Unión Europea supuso la cesión de ciertas parcelas de soberanía a ésta, lo que generó la existencia de un nuevo nivel político-administrativo, esta realidad también debería verse reflejada en la Constitución.

Todo ello, sin ignorar, por supuesto, que una reforma constitucional no puede plantearse con ligereza o frivolidad; así como que exige un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas, poco oportunismo y mucha lealtad.

Conviene recordar que elaborar la vigente Constitución no fue fácil ni sencillo; unos, en un ambiente con cierta sensación de provisionalidad, estaban en el poder, y otros acababan de salir de la cárcel, de la ilegalidad o de volver del exilio, pero todos, o casi todos, tenían el convencimiento de que había que llegar a acuerdos para construir un nuevo marco de convivencia.

Razones para promover hoy una reforma constitucional parece que hay algunas, condiciones da la impresión de que no muchas.

Quienes pueden promover la reforma y aprobar el texto que, en su caso, se ha de someter a la ratificación de la ciudadanía, son los responsables de trabajar bien y de crear la confianza necesaria para hacerla posible, si es que están convencidos de que es bueno y necesario para la Nación: para las ciudadanas y los ciudadanos.

La reforma de la Constitución se contempla en sus artículos 166, 167, 168 y 169.

El 168  establece un procedimiento especial, “agravado”, bastante más complejo, y previsto para la reforma total o para la que pudiera afectar al Título preliminar,  al Capítulo segundo, Sección primera del Título I y al Título II.

El procedimiento es: aprobación inicio reforma por 2/3 de ambas Cámaras, disolución Cortes Generales, elecciones generales, ratificación acuerdo de reforma por las nuevas Cámaras, éstas estudiaran el proyecto de reforma constitucional, que deberá ser aprobado por  2/3 de ambas Cámaras y ratificado en referéndum.

Considerar que mediante el procedimiento previsto en el artículo 167 se pueda modificar el Título X completo o, al menos, su artículo 168, con el objetivo de suprimir o hacer más sencillo el procedimiento “agravado”, no parece que sea una vía constitucionalmente clara,

Y supondría, en alguna forma, utilizar ese procedimiento de reforma, el del artículo 167, el “ordinario”, para conseguir un objetivo completamente distinto a aquél para el que fue concebido. No parece tampoco que esa alternativa fuera la voluntad de los constituyentes.

Sí bien, también es cierto que se podría haber incluido el Título X junto a las otras partes de la Constitución que figuran en su artículo 168, y que, para ser reformadas, deben seguir el procedimiento “agravado” que ese artículo dispone.

La reforma prevista en el artículo 167 es más sencilla: aprobación por 3/5 de ambas Cámaras, de no haber acuerdo, se intentará mediante una comisión paritaria de de las dos Cámaras, este acuerdo se someterá a votación del  Congreso y del Senado, se exigen también para su aprobación los 3/5 en las dos Cámaras.

De no aprobarse tampoco, podrá hacerlo el Congreso por 2/3, siempre que el Senado lo hubiera hecho por mayoría absoluta. Se someterá a referéndum para su ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Mediante el procedimiento contemplado en el artículo 167 se puede modificar la mayor parte de la Constitución, pero hay cambios que, al tratar de hacerlos, se terminan relacionando, de alguna forma, con la parte del texto constitucional que, para ser reformada,  exige seguir lo dispuesto en el artículo 168, consecuentemente ya hay que seguir necesariamente dicha vía.

Por ejemplo: transformar el Senado en una Cámara similar a los Consejos Federales de Alemania, cuyos miembros forman parte de los gobiernos de los  estados federados (las “CC.AA.”), siendo éstos los que los nombran y los cesan libremente, o de Austria, donde son nombrados por los parlamentos de los estados federados (las “CC.AA.”) después de cada elección “regional”; dichos Consejo Federales no se disuelven nunca.

Obviamente, no hay ni disolución de dichos Consejos Federales, ni convocatoria de elecciones a los mismos.

Esa reforma chocaría con lo previsto en el artículo 62.b C.E.): Corresponde al Rey: Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Disolver las Cortes Generales implica disolver el Senado; éste, una vez hecha una reforma semejante a los modelos de Alemania o de Austria, ya no se podría disolver.

A la hora de proponer una reforma de la Constitución es necesario tener objetivos concretos e ideas claras sobre qué se quiere hacer, la más mínima reforma tiene transcendencia, y exige recorrer un camino no siempre fácil.

¿Quiere esto decir que hay que renunciar a andar ese camino? No, pero sí que hay que ser muy escrupulosos en valorar sus dificultades y los esfuerzos que exige, así como en tener evidencias concluyentes de que las ciudadanas españolas y los  ciudadanos españoles quieren andarlo.

 La generosidad y la lealtad de los promotores, y entre los promotores, de la reforma constitucional deberían enormes. Reformar la Constitución para mejorarla, motivando a las ciudadanas y ciudadanos a sentirse más identificados con ella, también es defenderla.

E. Vázquez