El nepotismo

Por E. Vázquez

 El nepotismo es una mala práctica, igual que lo es la recomendación, por lo que se debería tratar de hacerlo desaparecer de nuestras relaciones sociales. Son éticamente reprobables y posiblemente, en ocasiones, ilegales.

 Son prácticas injustas, nocivas y generadoras de desigualdad, pero cabe dudar de que se luche, con la energía necesaria, contra ellas.

Están muy mal consideradas en todo tipo de tertulias, en entornos más privados no parece que generen tanto rechazo; a veces hasta da la impresión de que gozan de muy buena salud.

¿Qué es el nepotismo? Pues se conoce como nepotismo a la adjudicación de cargos, empleos o premios, por parte de autoridades o cargos públicos, a personas vinculadas a los mismos por razones de parentesco o amistad; por ejemplo: asignar un puesto de trabajo en un Organismo Público.

En los casos de nepotismo debe haber parentesco o amistad, pero también un desprecio manifiesto por el procedimiento establecido para la cobertura del  puesto de trabajo en cuestión.

 Todos los ciudadanos que trabajan en una Entidad Pública forman parte de ella. Desde los Altos Directivos de la misma, normalmente “políticos” o funcionarios de los niveles superiores, hasta el empleado público de la mínima categoría. Todos son servidores públicos, cosa distinta, sin duda, es la responsabilidad que cada uno pueda tener.

En el Sector Público, tratando de superar “viejas tradiciones”, pero no por viejas, olvidadas, se optó por constitucionalizar los requisitos para acceder al empleo público.

Las plazas se ofertarán mediante convocatorias “públicas”; todos los candidatos deberán ser tratados “igual”; el “mérito” y la “capacidad” se valorarán por comisiones/tribunales imparciales.  

Las decisiones de los “tribunales/comisiones de selección” quedan bajo el control de los Órganos  Judiciales.

A la vista de la legalidad vigente “cabe” entender que todos los empleados públicos son seleccionados así.

En las Administraciones hay determinados  puestos clasificados como de “confianza”, y también los hay de “libre designación” entre funcionarios. Estas situaciones son legales y normales; se dan, en mayor o menor medida, en las Administraciones de todos los países.

La catalogación de cada puesto, y los requisitos para desempeñarlo, es algo que debería quedar siempre perfectamente definido.

La tendencia a designar a amigos o compañeros políticos (en ocasiones, con retribuciones no despreciables y, a veces, con  dudas sobre la cualificación para desarrollar las funciones que se presupone que van a ejercer) es la que ha dado lugar a que se pueda presuponer  “nepotismo” en nombramientos que, en principio, serían legales y hasta lógicos.

La forma en la que se han utilizado “determinados puestos de confianza”, parece que  ha sido el detonante para la puesta en cuestión, y consiguiente crítica, a la existencia de dichos empleos. Que tienen justificada su existencia, pero no su proliferación.

Eso ha dado lugar a que los ciudadanos tengan la percepción de que son algo negativo. Una bolsa de puestos de trabajo a utilizar libremente por los “aparatos” de los partidos, que adjudicarían dichos empleos entre quienes ellos considerasen oportuno.

En verdad, los “Responsables Políticos” de las Administraciones son unos  empleados de los ciudadanos. Ejerzan la función que ejerzan, deberían tener claro que los dueños de la empresa (el Estado) son los ciudadanos; y que ellos sólo tienen un contrato temporal.

 Como tales empleados que son, no hay que esperar de ellos  milagros o bondades; hay que exigirles: dedicación, honradez, trabajo, eficacia, preparación, disposición para servir, buena gestión del dinero de los impuestos y que tengan muy claro que son, simplemente, servidores públicos.

También les es exigible, por supuesto, que no practiquen el nepotismo y que no atiendan las recomendaciones.

Las Administraciones Públicas deberían estar profesionalizadas al máximo, y por tanto mínimamente sometidas a grandes cambios cuando se produce la alternancia en los correspondientes Ejecutivos.

Debería existir una clara distinción entre los puesto “políticos” (por ejemplo: Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros y Viceconsejeros de los Gobiernos de las CC.AA, Cargos electos de las Corporaciones Locales, Asesores, Gabinetes, Secretarías, así como aquellos otros que como tales se calificasen) y los “técnicos”.

No estaría mal, creo, que los titulares de los puestos de trabajo de la Alta Dirección (muchísimos de ellos de naturaleza eminentemente técnica) de dichos Ejecutivos se nombraran de acuerdo con una serie de requisitos y condiciones.

 Algunas podrían ser: que su mandato tuviera un plazo determinado, cinco o seis años; que solo pudieran ser destituidos por causas justificadas, y legalmente previstas; que salvo excepciones, motivadas y justificadas, siempre fuesen funcionarios, lógicamente, designados en consideración a sus méritos y a su experiencia profesional.

Se trataría de perfeccionar el actual marco legal, reduciendo el margen de discrecionalidad.

Sin entrar en contradicción con lo anteriormente expuesto, al menos sin pretenderlo, sí parece razonable que, respetando por supuesto los criterios constitucionales, cabría ir pensando en reformar los procesos de selección del personal de las Administraciones Públicas.

¿Hay necesariamente qué continuar con el actual sistema de oposiciones y sus “250/300” temas? ¿Va por ahí el mundo hoy? ¿Es posible, con ese sistema, incorporar al Servicio Público a gentes que han demostrado su valía en el Sector Privado o en otros países?

No, no y no.

De ahí que no sólo haya que tratar de abandonar para siempre las malas prácticas, sino que también hay que proponerse modernizar las Instituciones, así como los sistemas y procedimientos con que se gestionan.

E. Vázquez

 

 

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